La justicia estadounidense ofreció este martes un total de 20 millones de dólares en recompensas por información que conduzca al arresto de tres exjefes policiales de Venezuela acusados de narcotráfico y otros delitos, informó la fiscalía en un comunicado.

Estados Unidos busca a:

  • Pedro Luis Martín Olivares, exjefe de Inteligencia Económica del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

  • Rodolfo McTurk Mora, exjefe de Interpol en Venezuela.

  • Jesús Alfredo Itriago, exjefe de narcóticos de la policía científica (CICPC).


¿Cuál es el monto de las recompensas?

La fiscalía ofrece hasta 10 millones de dólares por Martín Olivares, de 53 años; hasta 5 millones por McTurk Mora, de 58; y otro tanto por Itriago, de 62.

Entre 2013 y 2015, los tres fueron acusados por la fiscalía federal en Miami de importar drogas a Estados Unidos, abriendo camino a través de sus cargos policiales a los narcotraficantes que distribuían droga desde Venezuela.
Los corruptos funcionarios venezolanos que se llenaron los bolsillos protegiendo a narcotraficantes de la detección y del arresto permitieron el ingreso de enormes cantidades de peligrosas drogas a Estados Unidos". Fiscal federal Ariana Fajardo Orshan.

El Departamento de Justicia y las demás oficinas encargadas de hacer cumplir la ley no descansarán hasta que estos criminales sean llevados ante la justicia de Estados Unidos". Fiscal federal Ariana Fajardo Orshan.

El 26 de marzo de este año, el Departamento de Justicia anunció cargos por tráfico de drogas, corrupción y narcoterrorismo contra el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y ofreció hasta 15 millones de dólares por información que permita su arresto.

También fueron inculpados otros 14 funcionarios de su círculo íntimo, entre ellos el número dos del oficialismo, Diosdado Cabello; así como el actual ministro de Petróleo, Tareck El Aissami y el jefe del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno.

Entonces Maduro fue señalado como líder de la organización narcotraficante Cartel de los Soles, que involucraría a políticos de alto rango y miembros del Ejército y del poder judicial venezolanos.